Se suele decir que el hombre es el depredador de la naturaleza. "Es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir", solía decir de él el escritor estadounidense Mark Twain. Lo consigue, generalmente, violando las leyes, aprovechando que los responsables de hacerlas cumplir no hacen debidamente su trabajo. Ello sucede a menudo en nuestra provincia con los delitos ambientales, como la extracción ilegal de áridos en los arroyos y ríos. La semana pasada, la Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de Desarrollo Productivo firmaron un convenio para proteger el Parque Sierra de San Javier, que es propiedad de la casa de altos estudios, de los desmontes, la sustracción de áridos del río Muerto y los danos que producen en el cerro los motociclistas. La Facultad de Ciencias Exactas efectuó un informe sobre el tema. Como se sabe, el parque posee 14.174 hectáreas, de las cuales el 80% son áreas protegidas. El intenso crecimiento inmobiliario de Yerba Buena viene conspirando contra la reserva natural porque extraen áridos para obras de infraestructura. "La Universidad autoriza la servidumbre de paso por la reserva a los que van autorizados por la Provincia, pero se sabe que hay muchos más que extraen áridos sin permiso... La depredación que implica el uso abusivo de quienes practican aventuras en motos y bicicletas es muy grande, aunque ellos digan que no", afirmó el rector de la UNT. Una comisión se ocupará de proteger la reserva.

En enero de 2011, se llevó a cabo una peligrosa extracción de áridos en el río Muerto. Una ambientalista denunció en esa oportunidad que el ancho del río se había triplicado y el lecho había sido saqueado hasta el suelo mineral. Se formó entonces el grupo "No destruyan mi cerro". En mayo de ese año, le tocó el turno al río Caínzo, tributario del río Muerto. En la ocasión, los vecinos del lugar dijeron que en el último lustro, la actividad no se había detenido y que el deterioro era cada vez más alarmante en el piedemonte, pero funcionarios de la Dirección de Minería aseguraron que el nivel de extracción de material lítico era normal y que no se corría ningún peligro.

A fines de octubre pasado, concejales y una organización ambientalista de Concepción expresaron su preocupación por un futuro desborde del río Chirimayo durante el verano, como consecuencia de la extracción descontrolada de ripio que practicaba una empresa constructora. Señalaron que el cauce se estaba quedando sin defensas. La Unión Vecinos de Concepción efectuó un planteo judicial y pidió una investigación sobre esta actividad que se habría estado haciendo en forma desmedida. El intendente de esa ciudad respondió que los informes que le habían entregado indicaban que la sustracción se efectuaba en forma adecuada, pero que revisaría los trabajos.

Las lluvias intensas del período estival suelen provocar desbordes de ríos e inundaciones de poblaciones, de manera que la preocupación de los comprovincianos que suelen ser víctimas del fenómeno climático es razonable. Se debería diseñar una política de Estado en medio ambiente que no sólo contemplara la formación educativa, sino también penas severas a quien violara las leyes; tal vez sea este el principal déficit. Si en Tucumán se hiciesen efectivas todas las leyes que tiene, probablemente la transgresión sería mínima.